julio 27th, 2010
El cinco de marzo pasado publiqué en este blog un post titulado “Horas extra y otras yerbas”, en el cual escribía con respecto a la huelga del Servicio de Recolección de Residuos de Montevideo efectuada el año pasado “da la posibilidad que con los funcionarios cumpliendo su horario de trabajo, el servicio no pueda realizarse, de hecho se puede hacer una huelga sin perder jornales. Entonces uno se pregunta ¿Y los jerarcas qué hacen, son cómplices o incompetentes? Porque si administran un servicio en el cual si los funcionarios cumplen con su horario no se puede efectuar, parece una forma bastante surrealista de administrar, claro que lo cierto es que el que verdaderamente paga los jornales no es el que administra.”.
Pero no es un hecho aislado que los funcionarios para dar continuidad al servicio hagan horas extra, también pasó en CONAPROLE y ahora con el súper gas, seguramente en los próximas semanas o meses habrá una situación similar en otro ente, donde los funcionarios trabajando a reglamento dejen sin servicio a la población.
Ahora que el gobierno se propone efectuar una “Reforma del Estado”, sería la oportunidad de rever esas situaciones, donde los funcionarios, todo el año, o por largos períodos, perciben horas extra, que en realidad no lo son, sino que es un aumento del horario de trabajo (de esa manera trabajan diez y hasta doce horas por día) para obtener mayor retribución, violando la norma de las ocho horas de trabajo e impidiendo que desocupados puedan realizar esa tarea, dándoles, además, la posibilidad de chantajear a la población con la amenaza de no prestar el servicio trabajando a reglamento.
Estas situaciones deberían ser suprimidas en la “Reforma del Estado”, evitando que esos aumentos de sueldos encubiertos puedan ser otorgados, máxime si generan situaciones que puedan ser utilizadas en beneficio de unos pocos en perjuicio de la población.
julio 21st, 2010
En el post anterior me he referido a la “Reforma del Estado”, impulsada por el actual gobierno del Presidente Mujica que tiene como uno de sus objetivos la igualdad de retribución de todos los servidores públicos y que, probablemente, se traducirá en un aumento de impuestos. Esto significa que la “Reforma del Estado” no afectará únicamente a los funcionarios Públicos, sino que nos afectará a todos, o sea que parecería que quienes somos los que vamos a financiar y posibilitar la reforma, que somos los contribuyentes, deberíamos tener una participación en la discusión de la reforma.
Parecería que se está magnificando la importancia que se le está dando a la intervención de los gremios estatales como los únicos interlocutores del gobierno en este emprendimiento. Hay demasiados compromisos entre las gremiales y el actual gobierno como para pensar que, de esa discusión bipartita, lo único que surja no sea otra cosa que la negociación de un aumento salarial.
Por lo tanto, para que todos los afectados puedan opinar y defender sus intereses, se les debería dar la posibilidad de intervenir en la discusión de la “Reforma del Estado”, no hay que olvidar que el actual gobierno representa solamente a un poco más de la mitad de la población, y dentro de quienes representan se encuentran la mayoría de quienes conforman los gremios estatales, o sea que hay muchos que están representados por partida doble.
Creo que el procedimiento tiene un sesgo que puede llevarnos a derroteros por los que parecería que no es conveniente transitar y, es de esperar, que se tenga en cuenta que en esa discusión no está interviniendo la mitad de la población y se actúe en consecuencia.
abril 27th, 2010
Este post ha tomado como base el capítulo “El entorno burocrático“, del libro de mi autoría “Esa confusa consistencia de la burocracia“.
Toda sociedad humana, para funcionar como tal, necesariamente debe tener una organización administrativa, llamémosle gobierno, cuya función sería la de posibilitar y mejorar las condiciones de convivencia y supervivencia de sus integrantes.
Para cumplir con esa función los gobiernos precisan recursos, para conseguir estos recursos se les proporcionan instrumentos que les permiten poder despojar a sus gobernados sin que éstos tengan derecho a resistirse. La forma clásica de materializar el despojo es a través de impuestos, tasas, timbres, etc., pero los gobiernos de todas las épocas se las han arreglado para encontrar maneras más creativas de despojar a sus gobernados inventando un sinnúmero de nuevas formas más o menos solapadas de confiscar al contribuyente como ser devaluaciones, aumento de tarifas de entes públicos, congelaciones de salarios, etc., algunas de ellas en los límites (o bien adentro) de la ilegalidad.
En nuestro país, a través de los tiempos, el despojo (así llamaré a lo que el gobierno le saca al contribuyente) ha ido aumentando de forma lenta pero inexorable, y cada nuevo gobierno, que siempre encuentra la situación del país “peor de lo que imaginó”, no se le ocurre otra forma mejor de superar esas circunstancias que aumentar la presión impositiva en todas sus formas.
Si la tributación siempre crece, necesariamente llegará a un punto que se haga insoportable, en particular es imposible sacarle al contribuyente más de lo que gana, confiscarle sus propiedades y esclavizar a su familia. Ese sería un límite máximo práctico hasta donde podría llegar la tributación[1], pero es evidente que mucho antes de alcanzar esos valores empiezan a suceder cosas.
Lo primero que se debe reconocer es que el contribuyente es un ser humano que carece de solidaridad, no tiene el menor interés de pagar impuestos y hará todo lo posible por evaadirlos, esto ha sido así desde que el mundo es mundo, o sea que aunque haya todo un aparato recaudador autorizado por la ley, humana o divina, despojar al contribuyente es una tarea ardua.
Otra condición que hay que tener en cuenta es que el aumento de tributación fomenta la evasión o sea que una imposición que pretenda ser eficiente debe tratar que el aumento no sea tal que genere una evasión que haga que la recaudación global sea menor que la de antes de subir los impuestos.
Estos dos aspectos comentados en los párrafos precedentes son importantes al tratar de implementar una política tributaria, porque tienen implicancias trascendentes, para ello lo primero que hay que preguntarse es quiénes son los evasores, es claro que en toda la escala social habrá evasores, a éstos no los afecta cuánto sea el monto del despojo porque intentarán no pagar, pero sí interesa quienes son los que evaden, la respuesta es sencilla, los de menores recursos, porque no tienen ni para su subsistencia, y los de mayores recursos, porque pueden contratar estudios profesionales especializados en evasión de impuestos o sencillamente yéndose del país a otro lugar donde el despojo sea más soportable.
Por otra parte los que aportan son, por un lado las grandes empresas, generalmente de posición monopólica o similar, que tienen posibilidad de trasladar los impuestos al precio del producto (el que termina pagando el impuesto es el consumidor) y cuando no tienen esa capacidad de trasladarlo, emigran y en segundo lugar, también aportan quienes integran la clase media, pero no es por patriotismo, sino porque tienen lo suficiente como para les importe si no pagan, porque las sanciones por incumplimiento, que siempre son leoninas, los pueden perjudicar considerablemente, pero no tienen lo suficientemente como para mandarse mudar del país huyendo de la expoliación.
En definitiva, los que terminan pagando casi todo son los integrantes de la clase media y esto nos da una pauta fundamental de una política tributaria: para obtener buenas recaudaciones: hay que tener una clase media numerosa, de esa manera se consigue una mayoría silenciosa y contributiva que es la base más sólida que puede tener cualquier gobierno.
Pero no solamente es tener una clase media numerosa, hay que mantener una clase media numerosa, el recurso también tiene que ser renovable, para ello hay que despojar con criterio, si la depredación es demasiado grande puede suceder que un porcentaje de la clase media deje de serlo y entonces deje de tributar, casi diría que hay que aplicar a la tributación el concepto medioambiental de desarrollo sostenible, no hay que deteriorar el medioambiente contributivo para que pueda seguir tributando, hay que implementar una tributación sustentable.
O sea que un criterio razonable para establecer los niveles de tributación sería subir los impuestos hasta un límite que quedaría fijado por una de estas dos limitantes, la primera que el aumento de tributación no provoque baja de recaudación y la segunda, que este aumento en la tributación no sea tal que empobrezca sectores de población llevándola de la clase media a la pobreza, ya que se estaría fomentando la informalidad y por lo tanto la evasión.
Si quisiéramos saber en qué niveles de tributación nos encontramos, como todos creemos que los impuestos son escandalosamente altos, las encuestas no sirven para saber si es alta o baja, todos vamos a decir que es mucho lo que se nos saca. Para tener idea de lo que está sucediendo se puede apelar a otros indicadores, uno de ellos es analizar la actividad informal, que siempre existe porque siempre hay gente que no quiere pagar impuestos, pero cuando la actividad informal alcanza niveles tales que adquiere relevancia política, no aparece como consecuencia de pueblos poco respetuosos de las leyes y deseosos de no pagar impuestos, sino que surge como consecuencia que los límites tolerables de la tributación han sido largamente superados para vastos sectores de la población (no olvidemos que el que la presión tributaria duplique largamente el diezmo bíblico, puede llevar a mucha gente a pensar que es mejor estar con el diablo que con dios).
Si en nuestro país observamos la actividad informal, vemos que no solamente la podemos encontrar por todos lados, sino que se ha institucionalizado de una forma tal que, en algunos casos se ha formalizado lo informal, lo cual parece surrealista y suena a disparate. Las cosas han llegado tan lejos que el propio Estado ha utilizado subterfugios para transformarse en evasor, el pago de sueldos o aumentos de sueldo con bonos para compra de artículos para el hogar en comercios establecidos es una forma de evadir la Seguridad Social. Si el propio Estado es evasor, qué no se puede esperar de los contribuyentes.
La relevancia que ha adquirido la actividad informal en nuestro país es un claro indicador que nuestro sistema tributario tiene deficiencias importantes, una de ellas es una presión tributaria muy elevada, el veintidós por ciento de impuesto al valor agregado es sideral, pero no es lo único, las amnistías tributarias reiteradas una y otra vez es una práctica habitual que fomenta una cultura de no pago, con efectos perniciosos a largo plazo, no solamente por lo que no se recauda, sino porque al haber muchos evasores, quienes pagan son unos pocos y además fomenta una cultura del no pago.
Para hacer una reforma tributaria que sea exitosa, además de contemplar los aspectos de sustentabilidad, deberá fomentar una nueva cultura tributaria que dé mayores garantías al contribuyente que no van ser favorecidos aquéllos que no pagan impuestos, aunque con el clientelismo político existente parece bastante difícil.
[1] Aunque también es seguro que algún gobernante, en algún lugar del planeta, alguna vez, haya despojado algo más. Para recaudar o evadir la imaginación humana no tiene límites.
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