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ÁMBITO CULTURAL ES ENVIDIOSO

Agosto 27th, 2010

Este es el título de un artículo de un artículo periodístico de Carlos Tapia, publicado en “El País” el pasado 4 de julio. Al ver ese título sentí curiosidad y lo leí detenidamente.

Resulta que la Junta de Departamental capitalina recientemente declaró “Ciudadana Ilustre de Montevideo” a la escritora Mercedes Vigil, que ha publicado “Clara la loca”, obra que lleva vendidos más de seis mil ejemplares. El otorgamiento de esa distinción levantó polvareda y un grupo de cuarenta y cuatro autodenominados escritores cuestionaron, en una carta pública, la decisión del legislativo comunal, “quienes votaron no tienen conocimiento de historia y teoría literaria, semiótica y semántica, análisis e interpretación, y ni los principios más básicos de gramática” manifestaron en la referida carta. Bueno quizá no todos quienes otorgaron la distinción tengan conocimiento de todas esas disciplinas, pero sí tienen conocimiento para ser representantes del pueblo, algo que con el espíritu elitista de la misiva, parece que los firmantes “carecen en abundancia”, y es lo que hace que tengan dificultades para que sus libros sean leídos por alguien.

La escritora atribuye la publicación de esa carta a que el ambiente cultural, y en especial el literario, es muy envidioso y comenta que “a uno de los firmantes lo vi tirar de un sexto piso, en pleno ataque de histeria, una antología de Mario Benedetti. A otro lo vi saltar sobre los libros de Mario, simplemente porque vendía mucho”, también agrega “creo que la ciudadanía ahora también se va a preguntar porqué algunos de ellos son jurados de cuanto concurso hay desde hace 25 años ¡Y se dan premios entre ellos![1]y “Esto no es elite cultural. Es más, sería fantástico hacer una encuesta para averiguar cuántos libros de esas personas hay en las bibliotecas de los montevideanos. Hay gente que se cree que seguimos en dictadura. Eso de dirigir la cultura ya no existe”. La verdad es que vale la pena leer el artículo de Tapia.

Leyendo el artículo me vino a la memoria una anécdota que escuché una vez sobre Pintín Castellanos (Autor de “La puñalada”), no sé si es cierta, pero viene al caso, lo que importa es el concepto. Una vez Pintín Castellanos fue a asociarse a la Asociación de Músicos de Buenos Aires (o algo así, no sé como se llama), ahí le dieron para leer un partitura, y él dijo que no sabía leer música, le contestaron que si no sabía leer música no lo podían aceptar como socio, entonces un amigo que iba con él le dijo al empleado “Pintín Castellanos no sabe leer música ¡Pintín Castellanos es músico!”, bueno con literatura pasa lo mismo, el saber (o haber leído, que no es lo mismo) “historia y teoría literaria, semiótica y semántica, análisis e interpretación, y los principios más básicos de gramática” no transforma a una persona en buen crítico o escritor, para ello se precisan otras virtudes, que no sé si quienes firmaron la carta las poseen, pero parece que Mercedes Vigil sí las tiene.

Después de leer el artículo de Tapia me fui a la librería más cercana a comprar “Clara la loca”, que es lo que habrán hecho muchos.


[1]  El Presidente Mujica dice que los concursos son más acomodo que adjudicar a dedo, y creo que tiene razón. Ver en post “Adecuación escalafonaria ¿Justicia o acomodo?”, publicado el 7 de setiembre de 2010, ejemplos de cómo digitar concursos.

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EL DEFENSOR DEL PUEBLO

Enero 25th, 2010

Siempre me chocó que se abogue por institucionalizar una figura como el “Defensor del pueblo”, me pareció que en un sistema democrático era algo superfluo, los defensores del pueblo deberían ser aquellos ciudadanos elegidos en elecciones libres, parecería que esa debería ser su función. Pero sucede que la racionalidad nos puede llevar por senderos equivocados y hasta kafkianos, en efecto, la realidad nos muestra que el Estado, lejos de defender los derechos de los ciudadanos, los vulnera permanentemente, y lo hace pese a la existencia de los representantes del pueblo electos democráticamente, o mejor dicho son estos representantes del pueblo, los presuntos defensores de nuestros derechos, quienes más los vulneran permanentemente, y no es algo que suceda únicamente en nuestro país, pasa en todo el mundo. Si yo fuera gobernante electo y me pusieran un “Defensor del pueblo”, me daría vergüenza.

En la realidad existe lo que, parodiando a la “violencia doméstica”, podría llamarse una “violencia institucional del Estado” que se sustenta en la posición de poder de los organismos públicos y sus funcionarios frente a los ciudadanos comunes. Todos son concientes de la existencia de ese poder y del abuso reiterado que se efectúa en todas las instituciones públicas en todo el mundo y se han adoptado medidas tendientes a evitar, o por lo menos minimizar las conductas abusivas de los funcionarios estatales (jerarcas y subalternos), pero los mecanismos instrumentados nunca, en ninguna parte del planeta, han resultado ni medianamente eficaces.

Una de las clásicas medidas utilizadas para tratar de evitar los abusos por parte del Estado es la separación de poderes. La intención es buena pero muchas veces está fuera de la realidad, a veces parece chiste que se invoque a la separación de poderes como una garantía para los ciudadanos, sobre todo cuando los poderes Ejecutivo y Legislativo están integrados por militantes de un mismo partido político, a menudo sujetos a férreas disciplinas de obediencia. Hay demasiadas superposiciones, lealtades e intereses comunes como para pensar que vayan a actuar de manera independiente, en general cuando se enfrentan es por la tajada, es decir para que no sea el otro el que se aproveche del abuso. Este aspecto de los intereses comunes de alguna manera está contemplado en los requerimientos de mayorías especiales para determinados casos pero es, a todas luces, insuficiente.

Ante la realidad existente de abusos y arbitrariedad se inventó la figura del “Defensor del pueblo”, que no es un invento uruguayo y que podrá ser de utilidad para algunos casos marginales de “violencia institucional del Estado”, pero no mucho más ya que no apunta al meollo del asunto porque es, en definitiva: contra la burocracia, más burocracia. Y eso sabemos que no funciona, o mejor dicho, sí sabemos como funciona porque en definitiva se cae en quién controla al controlador y, al fin y al cabo ¿El “Defensor del pueblo” no terminará, también él, ejerciendo “violencia institucional del Estado” desde su posición de poder?

La existencia de los abusos por parte de las instituciones públicas es un problema de poder y como tal debería encararse si se pretenden solucionarlo.

 

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