Ing. Douglas Simonet

Siempre me chocó que se abogue por institucionalizar una figura como el “Defensor del pueblo”, me pareció que en un sistema democrático era algo superfluo, los defensores del pueblo deberían ser aquellos ciudadanos elegidos en elecciones libres, parecería que esa debería ser su función. Pero sucede que la racionalidad nos puede llevar por senderos equivocados y hasta kafkianos, en efecto, la realidad nos muestra que el Estado, lejos de defender los derechos de los ciudadanos, los vulnera permanentemente, y lo hace pese a la existencia de los representantes del pueblo electos democráticamente, o mejor dicho son estos representantes del pueblo, los presuntos defensores de nuestros derechos, quienes más los vulneran permanentemente, y no es algo que suceda únicamente en nuestro país, pasa en todo el mundo. Si yo fuera gobernante electo y me pusieran un “Defensor del pueblo”, me daría vergüenza.

En la realidad existe lo que, parodiando a la “violencia doméstica”, podría llamarse una “violencia institucional del Estado” que se sustenta en la posición de poder de los organismos públicos y sus funcionarios frente a los ciudadanos comunes. Todos son concientes de la existencia de ese poder y del abuso reiterado que se efectúa en todas las instituciones públicas en todo el mundo y se han adoptado medidas tendientes a evitar, o por lo menos minimizar las conductas abusivas de los funcionarios estatales (jerarcas y subalternos), pero los mecanismos instrumentados nunca, en ninguna parte del planeta, han resultado ni medianamente eficaces.

Una de las clásicas medidas utilizadas para tratar de evitar los abusos por parte del Estado es la separación de poderes. La intención es buena pero muchas veces está fuera de la realidad, a veces parece chiste que se invoque a la separación de poderes como una garantía para los ciudadanos, sobre todo cuando los poderes Ejecutivo y Legislativo están integrados por militantes de un mismo partido político, a menudo sujetos a férreas disciplinas de obediencia. Hay demasiadas superposiciones, lealtades e intereses comunes como para pensar que vayan a actuar de manera independiente, en general cuando se enfrentan es por la tajada, es decir para que no sea el otro el que se aproveche del abuso. Este aspecto de los intereses comunes de alguna manera está contemplado en los requerimientos de mayorías especiales para determinados casos pero es, a todas luces, insuficiente.

Ante la realidad existente de abusos y arbitrariedad se inventó la figura del “Defensor del pueblo”, que no es un invento uruguayo y que podrá ser de utilidad para algunos casos marginales de “violencia institucional del Estado”, pero no mucho más ya que no apunta al meollo del asunto porque es, en definitiva: contra la burocracia, más burocracia. Y eso sabemos que no funciona, o mejor dicho, sí sabemos como funciona porque en definitiva se cae en quién controla al controlador y, al fin y al cabo ¿El “Defensor del pueblo” no terminará, también él, ejerciendo “violencia institucional del Estado” desde su posición de poder?

La existencia de los abusos por parte de las instituciones públicas es un problema de poder y como tal debería encararse si se pretenden solucionarlo.

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