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SEGURIDAD CIUDADANA

febrero 11th, 2012

El problema de la seguridad es de los que más preocupan a la población de nuestro país y, pese a lo que se ha intentado para disminuirla, los resultados son decepcionantes. Lo verdaderamente preocupante es que, lejos de disminuir, la inseguridad y la violencia van en aumento, y se produce conjuntamente con una mejora de la situación económica y disminución de índices de pobreza, o sea que el argumento de que la situación social de los delincuentes es lo que los lleva a cometer delitos, no es tan sólida como en general argumentan los voceros y adláteres del gobierno.

Es cierto que la situación social de desprotección y pobreza de vastos sectores de la población genera aumentos de delincuencia, pero el hecho que estos sectores marginados hayan disminuido, en tanto que la delincuencia sigue en aumento cualitativo y cuantitativo, es una señal clara que hay otros factores que inciden en el fenómeno que no están siendo evaluados como causas de generación de delincuencia.

Hace siete años que tenemos gobiernos del mismo partido con mayorías parlamentarias y la situación se sigue agravando, ya es un tiempo suficiente largo como para dejar de echarle la culpa a la herencia de los gobiernos anteriores, la responsabilidad de la situación actual es del actual gobierno, por más sofismas que esgriman para sacarse la responsabilidad de encima.

Hay algo de lo que todo el mundo está convencido: si el gobierno mantiene su actual filosofía de combate a la delincuencia, los asaltos, crímenes, violaciones, secuestros, robos y otros delitos van a seguir en aumento, y en esto la gente no se equivoca. Pienso que la situación actual es, entre otras muchas cosas, consecuencia de la aplicación del concepto de que los excluidos sociales que deciden transitar por la senda del crimen deben ser recuperados y brindarles oportunidades para que lo hagan. Todo eso está bien, pero resulta que la aplicación de este concepto se hizo flechando la cancha a favor de los delincuentes y se olvidaron de la otra inmensa mayoría de ciudadanos que no transitan por esa senda. Cuando un inadaptado asesina, hiere, asalta o viola a un ciudadano o ciudadana, los derechos que más se respetan son los del delincuente, porque parece que a nadie le importe que si asesinan a alguien puede haber una familia que queda desamparada, parece que los derechos humanos no pasan por ahí, pero al delincuente sí le dan casa, comida, ropa, calefacción y los dejan salir los fines de semana para que cometan tropelías. Y todo esto se viene haciendo desde hace muchos, pero muchos años. La consecuencia es que los gobiernos, en vez de dar el mensaje que “el crimen no paga”, dan uno muy diferente.

Por ejemplo, no sé cuantos millones de dólares se han gastado en construcción de pabellones para encarcelados, incluso se les da calefacción, no es que crea que es un lujo, pero me parece que hay muchas más personas, tan excluidas como los delincuentes, que merecen con mucho más derecho que se les brinden esas comodidades gratuitamente, insisto: el mensaje no es bueno. Y si se calculara la inversión “per cápita” en techo para delincuentes y población en general quedaría muy claro quiénes son los verdaderos privilegiados. Si un delincuente viola a una joven, a ésta no se le suministra tratamiento siquiátrico gratis, ni se le compensa de ninguna manera, es el mundo al revés. No pretendo que a los reclusos, mayores o menores, se les pongan grilletes y se los lleven a picar piedras de sol a sol, pero sí hacerlos trabajar en algo ocho horas por día o que cuando quemen colchones y destrocen instalaciones, se les haga dormir en el suelo o a la intemperie, hasta tanto no se repongan los colchones o se reparen los daños. Yo no vi ninguna manifestación o acto de protesta del PIT-CNT donde los manifestantes destrozaran sus casas, claro, quién le va a pagar la reparación, si rompen algo siempre es de otro.

Daría la impresión que es necesaria una discusión y revisión de la filosofía con la cual se encara todo lo referente al tratamiento de los reclusos. Por más que los delitos que haya cometido sean en gran parte consecuencia de su situación y entorno social, no se puede ser tan permisivo porque, en definitiva se fomenta la comisión de delitos y se termina perjudicando al ciudadano común. Pero ni al Ministro, ni a nadie del partido de gobierno se le ocurre pensar que pueden estar equivocados, piensan que con sus “operativos de saturación”, nomenclatura actual de las vilipendiadas y anticonstitucionales “razzias”, todo se va a arreglar.

Pero hay más aún, Uruguay no es un país que viva aislado del mundo, y todo este fomento, en un principio involuntario, de la delincuencia se está transformando en una sólida base para el establecimiento de mafias autóctonas vinculadas a las mafias del narcotráfico, ya hay muestras evidentes que han desembarcado en el Uruguay para quedarse. El hecho que hace poco, en un ajuste de cuentas le descerrajaran ocho balazos a un presunto narcotraficante, sin errarle ninguno, fue un indicio que se trató de la intervención de un profesional muy diferente a nuestros verdugos vernáculos, y además un mensaje muy claro que hay otra ley que se debe respetar, que no tiene el menor respeto por los derechos humanos.

En la última interpelación al Ministro del Interior, éste manifestó que se estaba trabajando en una ley que elevaba las penas por omisión a los deberes inherentes a la patria potestad, parece medio chiste, ya hay leyes al respecto, pero no se aplican, antes que hacer un nueva ley, que hagan cumplir la que existe, si se cree que no es buena, pues que se cambie, pero que se empiece por limitar la impunidad de los padres de los menores infractores. Parecería que la posición del Ministro es algo utópica (o cómplice) y nos está llevando a un crecimiento de la delincuencia que puede llegar a situaciones insospechadas.

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